Gravar la Educación Superior con el IVA ocasionaría que jóvenes dejen de estudiar o tomen más préstamos

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Las propuestas para cambiar el sistema contributivo debe tomar en cuenta el efecto adverso que implicaría gravar más el sector de la Educación Superior mediante un Impuesto Sobre Valor Añadido (IVA). Esto a su vez, iría en contra de la mejor política pública de un país que aspire a un desarrollo económico sostenible, que sería invertir en la educación, sostuvo el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), el licenciado Manuel J. Fernós durante el proceso de vistas públicas celebrado hoy por la Cámara de Representantes en el Recinto de Ponce de la mencionada institución.

El Presidente de la Inter añadió que “un impuesto adicional a la educación superior traería como consecuencia dos alternativas para los estudiantes, tomar más dinero prestado o dejar de estudiar”. Esto porque actualmente el costo promedio de un estudiante de nivel subgraduado con una carga académica de 15 créditos ronda en unos $5,340 anuales esto sin las cuotas de laboratorio y biblioteca, gastos de libros, transportación, hospedaje y comida entre otros. Fernós destacó que los estudiantes más afectados serían los económicamente desventajados ya que la cantidad máxima que otorga la Beca Pell asciende a $5,730 al año.

Recordó que el 30 de junio de 2013, se aprobó la Ley 40 de 2013 mediante la cual se le impuso el cobro del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU), efectivo en julio de ese mismo año a las instituciones educativas las cuales se vieron obligadas desde entonces a pagar el impuesto por determinados bienes y servicios que antes estaban exonerados. Como consecuencia, para el primer semestre del año 2013-2014, la matrícula del sector privado de la Educación Superior se redujo en 2.1% en comparación con el año 2012-2013.

“El impacto de la enmienda representó alrededor de $1.5 millones de incremento en gastos operaciones a la Universidad Interamericana para el año 2013-2014; lo que ha significado incremento en los costos por derechos de matrícula en $8 por crédito ($170 a $178), así como la disminución de fondos disponibles para Becas Institucionales a nuestros estudiantes más necesitados”, indicó. El académico aclaró que a pesar de este aumento, el costo de la matrícula en la UIPR se ha mantenido igual o por debajo de las demás universidades privadas.

Fernós señaló que con el IVU “pagaron los que menos tienen y no pagaron los que tienen más” puesto que en la Universidad del Estado, donde solamente el 40% de sus estudiantes provienen de la escuela pública, no se aplicó el mencionado impuesto.

“Reconocemos los esfuerzos que el gobierno de Puerto Rico está haciendo para balancear el presupuesto y que aún es necesario maximizar la captación de ingresos. Entendemos que tal es el propósito del IVA. No obstante, la legislación que se apruebe no debe tener la consecuencia no deseada de afectar la educación de nuestra juventud, en especial de los estudiantes más desventajados económicamente. Al indagar las razones de los estudiantes para no continuar en la Universidad, una de las más escuchadas es por limitaciones económicas o que la familia se traslada fuera del país”, indicó Fernós.

El Presidente de la UIPR indicó que la Inter es una institución sin fines de lucro, por lo cual revierte todos sus ingresos en servicios a los estudiantes y a Puerto Rico. Localmente, la institución académica está exenta del pago de contribución sobre Ingresos. Mientras a nivel Federal se reconoce esta exención bajo la sección 501 (C) (3) del Código de Rentas Internas.

“El propósito del IVA es sustituir parte de los ingresos del Fisco provenientes de la contribución sobre ingresos a uno proveniente de un impuesto sobre el consumo. En el caso de las universidades privadas sin fines de lucro, el efecto sería eliminar la exención contributiva y tratar a la educación como un gasto de consumo y no una inversión de futuro”, advirtió. Para Fernós, la transición de una base contributiva sobre los ingresos a una sobre el consumo, podría ser devastadora, a menos que se conceda una exención al sector de la Educación Superior.

Finalmente, mencionó que “el aumento en gastos operacionales prácticamente triplicaría el impacto que experimentamos en el año 2013-2014, lo que no dejaría otra opción a la administración universitaria que aumentar nuevamente los costos por derechos de matrícula. Ello limitaría el acceso a estudiantes de escasos recursos económicos a una carrera universitaria”.

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